Rusia se ha convertido en los últimos meses en un auténtico infierno para los homosexuales. Como ejemplo de la represión hacia dicho colectivo, el Presidente Vladimir Putin firmó una ley el pasado 30 de junio que prohíbe realizar propaganda de relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo. Dicha ley impone castigos por la supuesta ofensa de los sentimientos de los creyentes, cuyas multas oscilan entre los 4.000 rublos (más de 120 dólares) para los ciudadanos de a pié y 40.000 rublos (más de 1.200 dólares) para los funcionarios, hasta 1.000.000 de rublos (30.500 dólares) para las entidades jurídicas y posible suspensión de la actividad por 90 días.

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Fuente: www.elmundo.es

Esta situación no ha sido fruto única y exclusivamente de la aprobación de la ley contra la propaganda homosexual. Como ya venía avanzando el informe anual sobre “Homofobia de Estado” de ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), del pasado mes de mayo “mientras la criminalización es la más sangrante forma de homofobia de Estado, los países que han discriminado la homosexualidad en el pasado más reciente, como Rusia, (…) están tristemente buscando re-legitimar la discriminación basada en la orientación sexual tanto a nivel nacional, (por cierto mediante leyes contra el activismo LGTBI –definido ridículamente como ‘propaganda homosexual’), como a nivel internacional, en nombre de la tradición”.

No obstante, vemos cómo estos acontecimientos contrastan radicalmente con las declaraciones del presidente Putin de 20 de mayo de 2013, en las que afirmaba que “Rusia cumplirá con todos sus compromisos en el Consejo de Europa”.

Rusia ingresó en dicho organismo (el Consejo de Europa) el 28 de febrero de 1996, adhiriéndose al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950 y sometiéndose, por tanto, a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que recordemos se encarga de sancionar a los Estados que no garantizan los derechos contenidos en el Convenio a sus ciudadanos). En dicho Convenio podemos encontrar en su art. 8 el respeto a la vida privada y familiar, así como en sus arts. 12 y 14 el derecho a contraer matrimonio y la prohibición contra la discriminación, que desde el año 1981 (caso Dudgeon contra el Reino Unido) se han utilizado para tratar de conformar un estándar mínimo de derechos en la esfera íntima del derecho a la orientación sexual de los ciudadanos de los Estados que son parte del Consejo de Europa.

Y entonces, ante la aprobación de la ley de propaganda homosexual rusa, ¿cuál ha sido la respuesta del Consejo de Europa? El pasado 13 de junio el Secretario General, Thorbjorn Jagland, advirtió que “seguiría atentamente la aplicación” de dicha ley. “La cámara alta del Parlamento ruso no debería aprobar el proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexual no tradicionales entre menores”, señalaba Jagland, citando el derecho a la libertad de expresión y reunión. En la misma línea, el Consejo de Europa ha tenido que llamar la atención en los últimos años en numerosas ocasiones a Rusia, por no garantizar, entre otros, el derecho de la libertad sexual de sus ciudadanos.

Los efectos de la creación de ese espacio de odio, derivado, entre otras medidas, de la ley de propaganda homosexual rusa, no se hicieron esperar. El pasado 8 de agosto, el colectivo Spectrum Human Rights Alliance denunciaba la muerte en la región rusa de Sverdlovsk de un joven homosexual de origen uzbeko después de ser torturado, a manos de un grupo de neonazis que lleva por nombre Occupy Pedofilyaj. Dichas torturas fueron registradas, tal y como podemos ver en la fotografía que ocupa el artículo. Los miembros de Occupy Pedofilyaj inmovilizan al sujeto tras haberle pintado completamente, con el fin de rociarlo con orina. Según las informaciones que han trascendido a la prensa internacional, sabemos que además el joven murió debido a varias puñaladas con arma blanca, después de haber sido violado con un consolador con el que le produjeron desgarros anales.

Lamentablemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede actuar de oficio, debiendo además agotarse previamente todos los recursos internos para acceder a la Corte. De esta forma sólo cabe esperar la actuación de las autoridades rusas, que a día de hoy no han reconocido ni siquiera la muerte del joven.

Ante la pasividad de la respuesta de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos competentes en la materia, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá las asociaciones activistas de derechos LGTB se han movilizado con el fin de organizar un boicot contra los productos rusos, tales como el vodka blanco, como señal de protesta.

Por su parte, a la vista de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno prevista en Rusia en 2014, el Presidente del COI (Comité Olímpico Internacional), Jacques Rogge, ha declarado que “hemos recibido garantías y confirmación por escrito de que nadie será discriminado por motivo alguno, pero en el documento hay indefiniciones, que hemos pedido aclarar en detalle”.

Para finalizar, dejo la siguiente reflexión: ¿Hasta qué punto tiene sentido “proteger” a los menores y a las personas que profesan una religión determinada cuando dicha “protección” implica la condena de un colectivo determinado y que se premie el discurso del odio contra dicho colectivo?

Jonatan Cruz Angeles