La estrategia win-win migratoria de los demócratas
Uno de los grandes temas que parece que marcarán el segundo mandato de Barack Obama al frente de los Estados Unidos (y posiblemente el total de sus 8 años) es el intento de reformar la legislación migratoria y la naturalización de ciudadanos. Tras el costosísimo proyecto de Ley de Reforma Sanitaria que buscaba ampliar hasta universalizar la asistencia sanitaria en los Estados Unidos, y con la (momentánea) paralización de las leyes sobre control de armas, el Partido Demócrata en pleno parece haber encontrado un asunto en el cual, pase lo que pase, tienen las de ganar. Una win-win strategy por el rol que tienen las minorías raciales en Estados Unidos, por la especial relación positiva que mantiene el Partido Demócrata y por la nefasta de los republicanos.
Hasta ahora, las minorías raciales mayoritarias han apoyado a los demócratas: la población de origen afroamericano vota habitualmente en una inmensa cantidad a favor de candidatos demócratas, especialmente (pero no solo) fuera de los estados del Sur. Los datos post-electorales muestran que los americanos de origen asiático también los apoyan de forma mayoritaria. La minoría latina, la nueva minoría mayoritaria y que tiene visos de seguir creciendo, desde las elecciones presidenciales de 2008, y a pesar de las dudas iniciales por la compleja relación entre los latinos y los afroamericanos, han votado demócrata (a pesar de un cierto apoyo de algunos de sus sectores a favor de concretos candidatos republicanos, como por ejemplo los Bush, especialmente Jeb Bush y el Presidente G. W. Bush) Mientras que la mayor parte de la población negra es estadounidense desde el nacimiento, habida cuenta de la masiva llegada de esclavos a lo largo de los siglos XVIII y XIX, las minorías asiática y latina tienen, además de la diferenciación racial, la cuestión migratoria como nota caracterizadora.
Es evidente que la inmigración, especialmente la que tiene carácter irregular, genera una serie de problemas. Pero igual de evidente es que buena parte del crecimiento económico prácticamente sostenido de las tres últimas décadas en Estados Unidos descansa sobre el rol de una gran población inmigrante, a veces en situación regular pero en ocasiones no, que ocupa multitud de empleos de baja remuneración pero necesarios para la estabilidad del modelo. Como puede suponerse, en diversos estados, especialmente en los que tienen frontera con México, lugar de paso de mucha inmigración irregular, la cuestión levanta todo tipo de recelos y dudas. No obstante, hay un hecho clave: entre el censo de 2000 y el de 2010 el número absoluto de censados (descontando, pues, un buen número de irregulares) de origen latino pasó de 35 millones a 50 millones. En la actualidad, un 16’3% del total de la población es de origen latino, de los cuales más de 14 millones están en California y casi 10 en Texas, y se prevé que siga creciendo. La distribución territorial, como se puede imaginar, es irregular: el 46% de la población de Nuevo México es latina, frente al 1’2% de West Virginia. Sus problemas más acuciantes son tanto legales como sociales: visados, reagrupación familiar, adquisición de la nacionalidad estadounidense, acceso al empleo y cuestiones educativas.
El Proyecto de ley, bautizado con el ampuloso nombre de Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act,tiene el objetivo de permitir a multitud de ciudadanos irregulares que trabajan con pocos o ningún derecho adquirir una condición legal, y, previsiblemente con posterioridad, la nacionalidad. Reforma parte de la legislación migratoria para atraer población formada y con capacidades mensurables con un sistema de visados por puntos, y además aporta una serie de fondos para mejorar la empleabilidad y, por tanto, la integración social, de jóvenes.
Como toda ley importante en el complejo sistema legislativo estadounidense, la proposición ha sido redactada por un heterogéneo grupo de senadores, conocidos como la Gang of Eight, entre los que se encuentran cuatro demócratas: Schumer (New York), Menéndez (latino de New Jersey), Bennet (Colorado) y Durbin (Illinois); y cuatro republicanos: Flake y McCain (ambos de Arizona), Graham (South Carolina) y Rubio (latino de Florida). A la par que los problemas citados anteriormente, el grupo bipartito trató de limar asperezas incorporando enmiendas a favor de una mayor seguridad y controles en la frontera con México. Dicho grupo bipartito buscó, desde el comienzo, atraer el mayor número de votos conservadores, conscientes de que el Partido Republicano (o GOP) tiene un serio problema demográfico que representa un gran reto para ganar elecciones futuras.
Sin embargo, todos los intentos de alcanzar una supermayoría en el Senado, superior a 70 votos, fueron infructuosos, si bien es cierto que el resultado fue muy positivo (68-32). La mayoría demócrata votó en bloque, apoyada por 14 senadores republicanos, casi todos pertenecientes al ala más moderada/centrista del partido, mostrando la clara división casi esquizofrénica que divide a los republicanos: además de los cuatro miembros del equipo redactor, la apoyaron Alexander (Tennessee), Ayotte (New Hampsire), Chiesa (senador interino de New Jersey), Collins (Maine), Corker (Tennessee), Hatch (Utah), Heller (Nevada), Hoeven (North Dakota), Kirk (Illinois) y Murkowski (Alaska). La división de los republicanos al respecto es evidente: ningún miembro de la dirección republicana de la Cámara votó a favor, y, salvo Rubio, uno de los candidatos considerados más prometedores para la nominación presidencial en 2016, todos los senadores con potencial nacional se han mostrado contrarios, más o menos virulentamente.
El progreso o rechazo de la norma depende ahora de la Cámara de Representantes, que tiene mayoría republicana. El Speaker, Boehner, no ha llevado por ahora la ley a votación, consciente de la tensión que dicha norma genera en su grupo y del delicado proceso que suele pasar toda legislación en un entorno de mayoría republicana (ver al respecto la regla Hastert tan bien explicada aquí): sectores del partido que han de luchar por su futuro político en entornos con gran población inmigrante de orígenes latinos, como California, Nuevo México, Arizona, Florida, Nevada, Colorado o Texas (todos con población latina superior al 20%) son favorables a la reforma, mientras que una gran mayoría de la bancada republicana, de acuerdo con las demandas de unos votantes de base blancos, rurales y de clase media-baja muy ideologizados, no está dispuesta a aceptar nada que pueda suponer una victoria para la Administración Obama, por positiva que ésta pueda ser potencialmente para el país.
Pero claro, la opción contraria, además de ser también una victoria moral de Obama y los demócratas, que pueden vender a los republicanos como obstruccionistas que no piensan en el país ni en su futuro, supondría un lastre electoral que impediría no sólo que los republicanos vuelvan a conseguir la presidencia en 2016, sino en convocatorias posteriores (si Texas se pierde a medio plazo, no pueden ganar, y tampoco si no son competitivos en lugares como Colorado, Florida o Nevada) y condenaría al fracaso al partido en elecciones a Gobernador y, por supuesto, en las legislativas, especialmente en aquellas que coincidan con elecciones presidenciales, en las cuales van a votar más personas. Todo ello a pesar de los sobresalientes líderes latinos que comienzan a verse en el partido, como los Gobernadores Susana Martínez (Nuevo México), Brian Sandoval (Nevada), o los congresistas Raúl Labrador (Idaho) o, en la Cámara Alta, el propio Marco Rubio. Abiertamente, son muchos en el partido los que dicen que no votar esta ley es un verdadero suicidio político, desde sus autores McCain y Graham, hasta posibles candidatos como Chris Christie y Jeb Bush (antiguo gobernador de Florida y con vínculos estrechos con la comunidad latina). Pero toda declaración en este sentido constituye una suerte de pecado original para las muy movilizadas bases conservadoras, impulsoras de primarias donde se apoya dicho Proyecto de ley; de hecho, senadores como el propio Graham, que se juega la reelección el año que viene, y Alexander, que está en igual trance, ya están siendo retados por candidatos desde su derecha.
Por supuesto, esto supone un verdadero festín para los demócratas, cuyos líderes y portavoces insisten en la misma idea. Como decíamos al principio, los demócratas han encontrado una acción política que compromete a esa gran coalición que ahora conocemos como Partido Republicano, y está sabiendo explotarla a su favor, conscientes además de que es un tema importante en la agenda y en el futuro del país, y muy ayudados por comentaristas y periodistas conservadores que jalean a su propio partido al respecto. Al fin y al cabo, en un sistema democrático la demografía manda. Nos encontramos, de nuevo, ante un verdadero dilema consecuencia de la pluralidad poblacional estadounidense, de ese proceso de configuración y gestión colectiva de identidades múltiples del que hablase Amartya Sen.
José Antonio Gil Celedonio